El CERMI ha participado este miércoles en una conferencia virtual con Bachelet, en la que se le ha trasladado las principales peticiones relacionadas con la discapacidad, peticiones que ya hizo la ONU a España en 2019, cuando se realizó el examen sobre el cumplimiento de la Convención Internacional sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad. 

 

En este sentido, el presidente de CERMI Estatal, Luis Cayo Pérez Bueno, ha señalado su agradecimiento a la ONU, al ofrecer a través de la Convención Internacional sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad una herramienta internacional que ha servido de guía de orientación y marco de referencia para basar los principios y valores de CERMI.

 

En este encuentro, la presidenta de la Fundación CERMI Mujeres, Marta Valencia, ha puesto de manifiesto la “necesidad de una regulación más amplia y una mayor protección de las mujeres y niñas con discapacidad”, al mismo tiempo que ha señalado la importancia de llevar a cabo un “estudio para conocer la situación real en la que se encuentran las mujeres en situación de prostitución o trata de mujeres”.

 

También la comisionada de Género del CERMI y vicepresidenta de la Fundación CERMI Mujeres, Ana Peláez, ha señalado la “dificultad y el sufrimiento que han venido padeciendo las familias con discapacidad durante la pandemia, y la falta de seguimiento para asegurar una adecuada atención a estas personas”. Asimismo, ha destacado que “a nivel europeo se han vivido situaciones de triaje y negación de la atención sanitaria y después de esta ola se está viendo que a las personas con discapacidad se las sigue dejando fuera de las medidas de recuperación, de las medidas de vacunación y de las medidas económicas”. 

 

Durante el acto, el delegado del CERMI Estatal para los Derechos Humanos y la Convención de la ONU de la Discapacidad, Jesús Martín, ha trasladado a Bachelet la preocupación por la regulación de la proposición de la eutanasia donde se incluyen “alusiones claras a la discapacidad como vidas descartables, siendo una anomalía que una ley del siglo XXI nazca discriminando, no pudiendo en nombre de la protección, violar los derechos de los más vulnerables”. Asimismo, ha puesto de manifiesto la cuestión de los “internamientos forzosos y que se regule conforme a estándares de derechos humanos”.

 

Del mismo modo, Martín ha destacado, durante el encuentro con Bachelet, que España en la actualidad cuenta con un “sistema de atención a la dependencia muy frágil que no pone el foco en la autonomía y se centra en la dependencia”. De esta manera ha señalado que “desde CERMI aludimos la necesidad de emprender estrategias de desinstitucialización y a la importancia de apelar al diálogo civil y a la gobernanza compartida”. “No se están viendo bien atendidas las violaciones a los derechos humanos durante la pandemia”, ha asegurado. 

 

Por otra parte, ha destacado el reconocimiento de CERMI como mecanismo independiente de seguimiento de la Convención de los Derechos de las Personas con Discapacidad, posicionándose como uno de los pocos Estados que ha hecho efectivo el artículo 33.2 de la Convención para que la sociedad civil tenga voz y sea parte del cumplimiento de este tratado. Sin embargo, ha manifestado Martín, “el Estado no dota de fondos a este mecanismo comprometido incumpliendo los principios relativos al estatuto y funcionamiento de las instituciones nacionales de protección y promoción de los derechos humanos”. 

 

Por último, durante su intervención, Bachelet ha hecho alusión a las personas con discapacidad como grupo en una situación especialmente crítica ante esta pandemia, y ha señalado la “necesidad llevar a cabo políticas eficaces y efectivas que den una solución real a la situación existente”.

 

Fuente: Servimedia